De cara a las elecciones generales desde Cátedra Inmobiliaria analizamos las propuestas de las distintas formaciones políticas en materia de vivienda social.

Durante estos días, hemos tenido la ocasión de escuchar en debates y entrevistas las medidas y reformas que cada líder político plantea implementar en caso de alcanzar el Palacio de la Moncloa y que marcarán el futuro del país en aspectos básicos como educación, igualdad o sanidad.

Sin entrar a valorar las propuestas concretas en cada una de estas áreas e independientemente del color elegido y de las creencias personales de cada votante, la realidad es que todas las formaciones políticas deberían recibir un suspenso en cuestión de vivienda social, ya que todos coinciden en pasar de puntillas por la realidad del sector inmobiliario sin plantear reformas básicas para garantizar un techo y un suelo a colectivos en riesgo de exclusión social. Como sociedad no nos lo podemos permitir, ni mirar para otro lado.

Los más de 20 años de especialización en el sector inmobiliario y el desarrollo urbanístico adquirido por el claustro de Cátedra Inmobiliaria, nos permite plantear una solución viable a este problema basado en una serie pilares básicos.

Estos ejes básicos serían la concreción de la inversión en la construcción, la financiación de la misma y el empleo-emprendimiento-formación de cada persona según su edad, formación y situación. La conjunción de estos elementos podría ofrecer un espacio base aproximado de 25 m2 (espacio mínimo íntimo por persona) o similar, según diseños arquitectónicos y funcionales, por persona necesitada, estando disponible en un tiempo medio necesario para su inserción social y ofreciendo un soporte básico a estos colectivos que parecen haber sido olvidados en los debates electorales que hemos presenciado estos días.

Edificio en construcción que podría albergar viviendas de carácter social siguiendo el recetario propuesto por Cátedra InmobiliariaAplicando modelos de viabilidad financiera para proyectos de construcción en costes similares se conseguirían metros cuadrados dignos para uso habitacional y de servicios por 5€-dia-persona, logrando en 20 años la amortización de los costes de construcción y mantenimiento de dichos espacios. De 25 m2 persona, que equivale a espacios de vivienda media tipo, se pueden alcanzar los 100 m2 para 4 personas, incluso a mayor escala en edificios multifuncionales llegarían a 1.000 m2 para 50 personas, siempre en condiciones dignas de habitabilidad, higiene, salubridad, desarrollo personal, intimidad y cumpliendo toda la legislación vigente en materia de vivienda, edificabilidad, etc., esta situación también sería aplicable a promociones de vivienda libre o protegida, residencias estudiantes, mayores, hoteles, etc.

La clave base para su financiación es la aportación gratuita de suelo público y privado a cada proyecto, tutelado por cada organización o asociación que lo solicite y gerenciado conjuntamente por las empresas públicas de vivienda y suelo, de tal forma que la propiedad del suelo sigue siendo pública o privada, y el derecho de uso de la construcción realizada de cada asociación, estando disponible dichos inmuebles para sus asociados, miembros necesitados, etc. según flujo anual medio de cada colectivo en su organismo.

Diversas experiencias vividas recientemente, como nuestra participación en las “Jornadas de vivienda Social para colectivos en riesgo de desarrollo personal” organizadas por el Ayuntamiento de Málaga el pasado mes de marzo, refutan la necesidad de encontrar una solución a un grave problema social para lo que únicamente sería necesario la participación entre el sector público y privado, el desarrollo de ideas y, por supuesto, la voluntad para el cambio